El comunicado entrega el total apoyo a Gómez Urrutia y explica que los 55 millones de dólares de la venta de las empresas privatizadas Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre, en 1998 y 1990, están justificados en los saldos de las cuentas del sindicato. Señalaron que a pesar de que la autonomía sindical obliga únicamente a presentar la información financiera a sus agremiados, ya se informó sobre el destino de esos saldos.

El sindicato afirma que “el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Vigilancia y Justicia dirigidos por el Napoleón Gómez Urrutia, democrática y legítimamente electos, acordaron abrir la información relacionada con los fondos mencionados a una Comisión de la Cámara de Diputados que tenga como propósito el esclarecimiento público de su aplicación y destino”.

Sostienen también que son “difamaciones” todas las afirmaciones sobre la aplicación de los 55 millones de dólares, ya que esos recursos han estado custodiados por el gremio y jamás han estado a nombre de persona física alguna. Agregan que estas informaciones son una cortina de humo creada por el propietario de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, para encubrir su responsabilidad en la explosión de la mina Pasta de Conchos, que causó la muerte de 65 mineros.

El sindicato minero señala que la totalidad de los 55 millones de dólares se encuentran justificados en los saldos de cuentas propiedad del SNTMMSRM, entregando un detalle de valores en la aplicación de recursos que alcanzan los US $29.243.446 y los saldos en bancos de US $25.756.554.

A continuación algunos extractos del comunicado oficial del SNTMMSRM: -El día 20 de agosto de 1990 Grupo México, para la adquisición de los activos de Compañía Minera de Cananea, S.A de C.V., contrajo la obligación de pagar el 5% del total de las acciones de Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. al SNTMMSRM, compromiso que también adquirió en 1988 al privatizarse la Compañía Mexicana de Cobre S.A. de C.V. -Grupo México en forma dolosa se negó a cumplir casi durante 15 años, su compromiso para con el Sindicato, con la pretensión de liberarse del mismo de manera definitiva por prescripción. -En Octubre de 2004, después de una prolongada y difícil batalla legal y a dos huelgas, el Sindicato por conducto de su Comité Ejecutivo Nacional encabezado por el Co. Lic. Napoleón Gómez Urrutia se impuso y venció moral y legalmente a la empresa Mexicana de Cananea, S.A. de C.V., propiedad de Grupo México, y logró que dicha empresa cumpliera con su compromiso de entregar las acciones antes mencionadas en el Fideicomiso que para tal efecto se había constituido desde el 14 de noviembre de 1988. La entrega de dichas acciones se hizo por virtud de un convenio Laboral suscrito el 22 de octubre del 2004, que a su vez fue consecuencia de los referidos esfuerzos por parte del Sindicato. -A efecto de poder cumplir con los fines del Fideicomiso, este último procedió a vender las acciones de su propiedad en un valor de 55 millones de dólares, que fueron apenas pagados por Grupo México el día 25 de enero del 2005. -La aplicación y distribución de estos recursos se ha hecho única y exclusivamente para los trabajadores que legítimamente han acreditado tener derecho y que laboraban al momento de la privatización como trabajadores Sindicalizados activos en las empresas Cía. Mexicana de Cananea S.A. de C.V. y Cía. Mexicana de Cobre S.A. de C.V. en 1988 y 1990 respectivamente. -Grupo México en forma resentida y con una actitud de irresponsable provocación, se ha dedicado a engañar a diversos ex-trabajadores anteriores a la privatización, empleados de confianza, al Gobierno Federal y a la opinión pública nacional de que tendrían derecho a una participación del producto de la venta de las acciones antes mencionadas. - Conviene destacar que las calumnias y difamaciones relacionadas con la aplicación de los 55 millones de dólares son falsas y son una cortina de humo que crearon, Grupo México, que preside Germán Larrea Mota Velasco, y los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que dirige Francisco Javier Salazar Sáenz, para distraer la atención sobre la grave y profunda responsabilidad que tienen en la explosión que causó la muerte de 65 trabajadores mexicanos en la Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila.