Convencido de que la persistencia de la pobreza en cualquier lugar es una amenaza a la paz en todo el mundo y una fuente de denegación de los derechos humanos fundamentales, y de que el desarrollo humano integral requiere que los gobiernos respeten plenamente los derechos sindicales y otros derechos democráticos;

Consternado por el hecho de que la pobreza en los países en desarrollo siga siendo causa de la muerte de 30.000 diarios por hambre o enfermedades evitables;

Teniendo en cuenta que el reciente Informe de la Comisión sobre África de los países del G8 es un llamamiento urgente a la acción para poner fin a la pobreza mundial;

Teniendo en cuenta también la conclusión de la Comisión Mundial de la OIT, de que la mundialización en su forma actual no es sostenible, y considerando que las políticas a favor del denominado “libre comercio” promovidas por algunos países ricos son fuente de continuo sufrimiento humano de inmensas proporciones;

Convencido

de que la mayor parte de la gente que sufre las peores formas de pobreza hoy son trabajadores y poblaciones rurales de países en desarrollo, y en particular mujeres;

de que es insostenible el actual orden mundial, en el que la mayoría de la población de la Tierra es pobre, mientras que una pequeña parte de ella es rica;

de que en los países en desarrollo, particularmente en África, la pobreza está creciendo en proporción directa al crecimiento de las fuerzas productivas del mundo, mientras que muchas mujeres y hombres carecen de empleo o tienen trabajo de baja remuneración, precario y sin ninguna protección;

de que la erradicación de la pobreza requiere, entre otras medidas de alcance mundial, la movilización de la solidaridad de los trabajadores de todo el mundo;

Reconoce:

que un incremento de la ayuda y del crédito no será suficiente para abrir en los países en desarrollo, oportunidades que les permitan sostener el desarrollo industrial y aumentar los ingresos de las familias;

que las actuales políticas comerciales de los bloques económicos más poderosos –y en particular los grandes subsidios concedidos a los agricultores- restringen el acceso a los mercados del hemisferio norte y perpetúan la pobreza y el sufrimiento agudo; que toda la deuda impagable de los países más pobres del mundo debe remitirse enteramente;

que la promoción del comercio equitativo, y en particular la supresión de los subsidios a las exportaciones agrícolas, es indispensable para que los países en desarrollo puedan recibir una parte de los beneficios del comercio y de las inversiones internacionales.

El crecimiento mundial sin precedente de las fuerzas productivas ofrece hoy la mayor posibilidad de distribuir los beneficios de ingresos justos y de eliminar el flagelo del desempleo masivo en los países en desarrollo.

La creación de empleo digno tiene que ser la prioridad máxima de los gobiernos y el principal elemento de todo ciclo de negociaciones comerciales verdaderamente centradas en el desarrollo. El comercio debe ser un factor importante para la consecución del desarrollo y la creación de trabajo digno; pero para muchos trabajadores el sistema de comercio internacional, o bien no incide en sus vidas o, lo que es peor, está minando el objetivo perseguido. En los países tanto en desarrollo como industrializados, se observa que la agricultura, la seguridad del empleo y las condiciones de vida dignas son amenazadas, más bien que fortalecidas, por el comercio, al mismo tiempo que las empresas transnacionales amenazan con trasladar la producción a lugares donde a los trabajadores se les niegan sus derechos y la mano de obra es barata.

Las amplias promesas relativas al potencial de la liberalización del comercio, hechas por la OMC, no se han traducido en más y mejores puestos de trabajo y mayor crecimiento, ni en el ámbito mundial ni en los países en desarrollo. De hecho, muchos países en desarrollo que han emprendido una liberalización del comercio, conforme a la política recomendada por la OMC y por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), han comprobado que la desindustrialización es el resultado obtenido, habiéndose arruinado sus industrias nacionales.

El empleo debe ocupar un lugar central del orden del día en los preparativos de la Conferencia Ministerial de la OMC que se convocará en Hong Kong. Las repercusiones que tiene el comercio en el nivel y la calidad del empleo, determinan si el comercio contribuye o impide el mejoramiento del nivel de vida, el logro del desarrollo y la erradicación de la pobreza. Pero las consecuencias de la actividad comercial para el empleo, siempre se dejan de lado en las negociaciones comerciales, a pesar del nexo evidente que hay entre unas y otra.

Esta situación debe cambiar fundamentalmente, a fin de que las negociaciones comerciales puedan realizarse sobre una base de una evaluación amplia de sus repercusiones sobre el nivel y la estabilidad del empleo (particularmente en sectores que requieren mucha mano de obra), el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, la igualdad entre la mujer y el hombre, las buenas condiciones de trabajo, la protección social, la seguridad de los alimentos y el acceso a servicios públicos de calidad.

Los retos que encaran los países en desarrollo y los menos desarrollados, son incluso mucho más agudos en las negociaciones sobre el Acceso a los mercados no agrícolas (NAMA en siglas inglesas). Tanto al nivel multilateral como nacional es necesario hacer una evaluación rigurosa de las repercusiones de las negociaciones NAMA sobre el desarrollo, el trabajo digno y la gente que vive en la pobreza. Los gobiernos no deben hacer tratos en esas negociaciones, salvo sobre la base de una idea clara de las probables repercusiones que tengan ellas en su capacidad para aplicar políticas industriales orientadas al logro de los objetivos de desarrollo y empleo de sus países.

Es necesario proporcionar una financiación nacional e internacional para ajustes de empleo cuando se pierdan puestos de trabajo a consecuencia de la liberalización del comercio.

Tanto los países en desarrollo como los industrializados necesitan un espacio político para adoptar legítimas estrategias de desarrollo industrial basadas en el ámbito nacional. Las negociaciones NAMA no deben restringir excesivamente esa flexibilidad. Se necesita una cláusula que permita a todos los países en desarrollo (y en particular a los menos desarrollados) que se comprometan a mantener ciertos aranceles, poder modificar ese compromiso por razones justificadas sociales y de desarrollo. Deben tener el derecho de mantener aranceles más altos si lo desean, conforme al principio de “reciprocidad no entera” contenido en la Declaración Ministerial de Doha.

El Congreso declara su pleno apoyo al Llamamiento mundial por la acción contra la pobreza e insta a los afiliados a que movilicen a sus miembros con el fin de:

• exigir a sus respectivos gobiernos nacionales que la creación de empleo digno ocupe el lugar central de su orden del día, particularmente en las negociaciones de liberalización del comercio,

• e instar a los países del G8 en su reunión de junio a que adopten medidas eficaces contra la pobreza.

La FITIM debe:

• seguir colaborando estrechamente con los otros Sindicatos mundiales y con movimientos sociales de pensamiento afín para lograr los objetivos mencionados arriba;

• desarrollar, en particular, la capacidad de las afiliadas para influir eficazmente en sus las políticas de sus gobiernos relativas al comercio, la ayuda y el desarrollo, y

• utilizar los Acuerdos marco internacionales (IFA) como instrumento para fortalecer el derecho de los trabajadores a la información y la formación sobre los temas mencionados arriba.